El execrable traslado del luto en capital electoral
La tragedia obrera en la infraestructura pública siempre activa un automatismo predecible en el tablero político: el traslado del luto en capital electoral.
El fallecimiento de un trabajador en las obras del dren Peñuelas encaja en esta discursiva .
El sector más radical de la izquierda aspiracional y difusora se hate prefiere el carroñerismo al análisis técnico.
Desde la perspectiva estrictamente jurídica y operativa, la responsabilidad directa del siniestro recae en la empresa contratista, encargada exclusiva de los protocolos de protección civil, la seguridad industrial y la mitigación de riesgos en el sitio.
Blindar al personal es una obligación contractual de los particulares que ejecutan la obra.
Sin embargo, en el ecosistema político local, la frontera entre la responsabilidad administrativa del privado y la rectoría del municipio se desibuja deliberadamente para construir una narrativa de negligencia gubernamental.
Intentar capitalizar políticamente la pérdida de una vida humana para denostar la ejecución de obra pública es un ejercicio de ramplonería ética y un error de cálculo analítico.
Quienes pretenden “colgar el milagro” o la desgracia de una infraestructura al cuello de la administración municipal en turno demuestran una preocupante incapacidad para distinguir entre la fiscalización legítima y la manipulación coyuntural.
La urgencia de mitigar inundaciones y mejorar el entorno urbano en zonas vulnerables es una necesidad técnica imperativa; reducirla a un campo de batalla de lodo partidista despoja al debate de toda seriedad.
El análisis de este hecho exige separar el grano de la paja: sancionar con la máxima severidad a la constructora por las fallas que costaron una vida, mientras se exhibe la ligereza de aquellos actores que, sin aportar soluciones de fondo a los desafíos, aguardan el colapso o el accidente para justificar su relevancia en el discurso social.
La infraestructura no es el escenario de la infamia electoral.