El golpeteo a la inversión en cultura
El debate sobre el destino del gasto público suele activarse con especial intensidad en contextos locales, donde cada decisión presupuestaria es observada bajo el prisma de la inmediatez.
El reciente intento de generar polémica en Querétaro en torno a la exposición “Humanoides” nos permite ver cómo la cultura y el entretenimiento urbano son “grillados” y se convierten por parte de los opositores en un blanco de cuestionamientos políticos que simplifican y distorsionan la naturaleza del presupuesto público y su etiquetado.
Los presupuestos gubernamentales no son bolsas de recursos que se mueven a discreción.
Están, como todos deberíamos saber, estructurados en partidas etiquetadas, responden a objetivos específicos y forman parte de la arquitectura institucional que busca equilibrar múltiples dimensiones del desarrollo.
La cultura no ocupa un lugar accesorio, sino estratégico.
La inversión en actividades culturales y de entretenimiento urbano cumple funciones que trascienden lo recreativo.
Son acciones de cohesión social, apropiación del espacio público y prevención indirecta de problemáticas como la violencia o la disociación comunitaria.
Generan dinámicas económicas locales, fortalecen identidades colectivas y proyectan a las ciudades como espacios habitables y culturalmente activos.
Sin embargo, el cuestionamiento político reciente —expresado desde redes sociales por un regidor del ayuntamiento— (que se ha dedicado a buscarle “tres pies al gato” ha optado por presentar esta y otras inversiones como un gasto prescindible frente a otras necesidades y afirma que es una forma de robar dinero. Su búsqueda de generar encono social encuentra inclusive en el tema cultura un espacio que él siente propicio para seguir “talachando” a favor de su causa.
Esta narrativa se mueve sobre una premisa incompleta e insulsa: la idea de que los recursos destinados a cultura podrían, sin mayor complejidad, redirigirse a rubros distintos con un beneficio para “el pueblo” o que van directo a los bolsillos de los gobernantes y funcionarios.
El regidor omite, desconoce o “se hace pato” en torno a varios aspectos fundamentales.
Primero, que muchas partidas culturales tienen asignaciones específicas que no pueden reorientarse sin procesos administrativos y legales complejos.
Segundo, que el impacto de la cultura no se mide únicamente en términos directos o inmediatos, sino en su capacidad de incidir en el tejido social a mediano y largo plazo.
Y tercero, que contraponer cultura con necesidades básicas construye una falsa disyuntiva que empobrece el debate público.
La descontextualización de una partida presupuestaria concreta —sin referencia a su proporción real dentro del gasto total ni a sus objetivos— introduce por parte de este personaje un intento de confusión que busca erosionar la confianza en los gobiernos que no son de su partido político, dejando a un lado acciones similares en favor de la cultura de gobiernos en otras entidades de su partido político. (Morena)
Sin contribuir a una discusión informada sobre prioridades públicas, se instala este señor en una lógica de confrontación donde ciertos rubros son etiquetados como “innecesarios” sin un análisis integral.
Esto no implica que el gasto cultural deba estar exento de escrutinio.
Por el contrario, su legitimidad depende de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados.
Pero ese escrutinio debe ejercerse con base en información completa, no en recortes narrativos que buscan capitalizar el descontento del “pueblo”.
El caso de “Humanoides” revela, en última instancia, una tensión más amplia: la disputa por definir qué se considera prioritario en la agenda pública.
En esa disputa, la cultura es la víctima única.
Los beneficios de la inversión en cultura no siempre son inmediatos ni fácilmente cuantificables.
Sin embargo, prescindir de ella o reducirla a un lujo implica desconocer su papel en la construcción de sociedades más cohesionadas, participativas y resilientes.
La cultura no es un gasto superfluo, sino una inversión en capital social.
Y como toda inversión pública, exige debate, sí, pero un debate informado, completo y alejado de simplificaciones que, lejos de aclarar, terminan por confundir al “pueblo“.
